El pasado viernes 22 de noviembre la post doctorante del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios (MOVYT) Constanza Ulriksen, participó en el seminario “Ville Intelligente” (Ciudad Inteligente) en la Universidad Federal de Toulouse en Francia, espacio para compartir y confrontar dialécticamente los saberes acumulados sobre “ciudades inteligentes”, en particular, sobre la electromovilidad.

El evento fue organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Urbanos y el Laboratorio de Solidaridad Interdisplinaria, Sociedad y Territorios de la Universidad de Toulouse Jean Jaurès, instituciones vinculadas al proyecto VILAGIL, que busca mejorar las condiciones de movilidad de la población del área urbana de Toulouse mediante la fluidificación del tráfico, la descarbonización del territorio, la «movilidad inteligente» como eje del desarrollo económico del territorio y el usuario ciudadano como corazón del proyecto.

En el encuentro Ulriksen expuso “Smart Cities y electromovilidad en Chile: genealogía, circulación e implicancias en nuevas formas de planificación urbana y gobernanza” e incluyó una reflexión en torno a la actual crisis social en Chile. En este contexto, explicó que considera la estrategia chilena de electromovilidad como una utopía urbano-tecnológica cero emisiones «que parece más destinada a impulsar el desarrollo económico que el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo territorial sustentable».

La investigadora explicó que hasta el momento esta política se sostiene fundamentalmente en la introducción de 400 buses eléctricos a la flota de RED (ex Transantiago), lo que se enmarca en la Estrategia Nacional de Electromovilidad propuesta por el gobierno. Ésta tiene como meta que, al año 2050, el 100% de la flota de buses en el transporte público y un 40% de vehículos particulares sean eléctricos.

“Esta estrategia aparece desconectada de un plan de movilidad y desarrollo urbano sustentable, convirtiéndose más bien en una política de desarrollo económico que busca pasar de una matriz energética basada en combustibles a una de energías renovables. También se relaciona con el sector minero, que ya está apostando fuertemente por el litio, mineral empleado en la fabricación de baterías para aparatos electrónicos y vehículos eléctricos (VE) y del que Chile posee las segunda mayor reserva del mundo” enfatizó Ulriksen.

Las baterías de litio encuentran un gran mercado en países europeos que buscan fortalecer sus políticas de sustentabilidad a través del transporte eléctrico y que lideran el camino hacia ciudades más “verdes”. Dicha demanda ha generado una “fiebre del litio” que grandes empresas buscan satisfacer a través de la explotación desatada en países del tercer mundo como Chile, Argentina y Bolivia, donde el impacto ambiental se considera grave, especialmente en el caso del Salar de Atacama, que ya ha sido declarado zona de sacrificio hídrico debido al uso intensivo de agua para la extracción del mineral.

En este sentido, los países promotores de la electromovilidad tendrían una responsabilidad como “consumidores” de estas tecnologías, por el impacto humano y ambiental que se genera en las localidades donde se extrae el litio y otros minerales para su fabricación, como el cobalto en la República Democrática del Congo “la electromovilidad debería tender a estándares de sustentabilidad que vayan más allá de la operación de los vehículos eléctricos, asumiendo todo el ciclo, desde su producción hasta el reciclaje de sus componentes. Esto implica ampliar el concepto de sustentabilidad urbana a uno de sustentabilidad territorial o relacional, en el que se consideren otros territorios además de las ciudades” detalló la investigadora.

En Chile, son dos las empresas en la zona que explotan el litio: la estadounidense Albemarle y la chilena Soquimich. Esta última llegó a un acuerdo con CORFO que extendió sus permisos para extraer el recurso en el Salar de Atacama de aquí al 2030, además de triplicar su cuota de explotación de 180 mil toneladas a 349 mil según contrato, permitiendo llegar de aquí al 2025 a 216 mil toneladas. En su intervención, Ulriksen dio cuenta del historial de esta empresa  y de cómo los permisos que posee la compañía son un síntoma más de la concentración del poder económico en Chile.

Finalmente, Ulriksen señaló que, si bien el objetivo principal de la estrategia chilena de electromovilidad apunta a la disminución de gases de efecto invernadero y a la descontaminación del aire en las ciudades donde operará, se deben considerar los impactos socio ambientales de su producción y residuos, y su articulación con políticas de transporte y movilidad urbana sustentable, que considere la disminución de los vehículos particulares y de las baterías de litio utilizadas. En este sentido, en Chile estaría faltando realizar un estudio de electromovilidad multimodal que explore otro tipo de modos y vehículos -o combinación de soluciones- aparte de los buses y autos particulares, como los trolebuses, o buses eléctricos que, por ejemplo, combinen cargas de depósito (en la noche) con cargas en movimiento (cables ocasionales). Ello permitiría disminuir baterías y fortalecer un transporte público eléctrico sustentable.

Constanza Ulriksen es socióloga, Master en Política y Planificación Urbana, y Doctora en Geografía y Planificación Territorial. Actualmente, es postdoctorante en el Instituto de la Vivienda (INVI) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y miembro del equipo MOVYT. Es responsable del proyecto Fondecyt “Genealogía y circulación del concepto de Smart Cities en Chile: explorando nuevas formas de gobernanza y planificación urbana”.

Fuente: Comunicaciones Movyt